Gustavo Bueno

Gustavo Bueno

Diez propuestas,
«desde la parte de España»,
para el próximo Milenio

Introducción

Primera propuesta Reorganización del «Estado de las autonomías» mediante una reforma de la Constitución del 78 que esté orientada a subrayar la unidad cultural y lingüística de España en el contexto de la Unión Europea, y que esté dispuesta incluso a permitir la segregación, por «autodeterminación de independencia», de autonomías que no quieran aceptar su integración plena en la unidad española (sin perjuicio de que puedan aceptar compromisos tales como el del «Estado libre asociado»)

Segunda propuesta Transformación, mediante reforma de la Constitución, de la actual monarquía hereditaria en una República parlamentaria, y limitación del tiempo que los ciudadanos puedan dedicar «profesionalmente» a la política (incluyendo en este concepto no sólo a los cargos públicos sino también a los puestos de dirección en los partidos políticos y sindicatos)

Tercera propuesta Plan energético nacional que tome en consideración la energía nuclear y el aprovechamiento al máximo de las posibilidades agrícolas y ganaderas de España

Cuarta propuesta Organización de un servicio nacional obligatorio para jóvenes de ambos sexos, con funciones sociales, militares, policiales, &c., sin posibilidad de objeciones de conciencia o de cualquier otro tipo de excepción

Quinta propuesta Implantación de la eutanasia para asesinos convictos y confesos de crímenes horrendos

Sexta propuesta Rebaja de las cuantías escandalosas de los premios de loterías, quinielas, sorteos, premios literarios y afines hasta niveles proporcionados a los salarios mínimos

Séptima propuesta Política orientada a conseguir, como mínimo, un uno por ciento de lectores de libros escritos en español, sobre temática científica o filosófica

Octava propuesta Eliminación paulatina del concepto de «actividades culturales» (y, correspondientemente, eliminación de rótulos tales como «páginas culturales», «animadores culturales», «Ministerios de Cultura», «Consejerías de Cultura» o «Fundaciones de Cultura») y sustitución por los conceptos o rótulos más precisos pertinentes («Consejería de Música Sinfónica», «Páginas literarias» o «Dirección General de Teatro de títeres»)

Novena propuesta Eliminación del concepto de «tercera edad, como edad del merecido descanso», y asignación a los pensionistas no impedidos de tareas obligatorias de interés asistencial, educativo o social

Décima propuesta Eliminación del concepto de «colectivo de desempleados» y asignación a los parados y población ociosa, mediante retribución, de tareas de interés público

Final

 


inicio / >>> / fin

Introducción

1. Con gusto he aceptado la invitación de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo para intervenir en estos Encuentros en los cuales cinco animales racionales, entre los cuales me cuento, van a presentar en conjunto cincuenta propuestas para el Milenio que se nos aproxima. Quizá fuera más preciso decir: «cinco series de diez propuestas cada una», puesto que cabe suponer que cada uno de los «decálogos», formulados por su cuenta por cada ponente, tenga una unidad interna, una unidad de inspiración que no excluye la posibilidad ni, menos aún, la gran probabilidad de que estas cinco series ofrezcan más de un punto de intersección. Sin embargo, estos eventuales «puntos de intersección», es decir, las propuestas coincidentes, no constituirían una base segura para construir una clase exenta de «propuestas comunes», porque tal clase sería, en todo caso, abstracta. La razón es que una misma propuesta que haya resultado ser común a varias o a todas las series, al ser segregada de ellas, recuperará la peculiar coloración que le corresponde en cada serie en la que vuelva a ser insertada.

La consideración de esta circunstancia me empuja a reconocer, como trámite previo casi obligado, la conveniencia de ofrecer una Introducción en la que se de cuenta de las coordenadas desde las cuales van a ser formuladas las propuestas de una serie determinada. Cabría alegar que semejante introducción rozará siempre el peligro de la superfluidad, por cuanto las propuestas de una serie dada, si son suficientemente «compactas», habrían de tener por sí mismas (en su ejercicio) fuerza bastante para manifestar las coordenadas en las que están contenidas. De otro modo, sólo por redundancia sería posible una representación preliminar. Sin embargo, esta alegación, que puede estar justificada en algunos casos (a saber, en aquellos en los cuales las propuestas ofrecidas hayan alcanzado tal grado de univocidad y autonomía que resulte un pleonasmo cualquier preliminar introductorio) no tiene por qué estar justificada en todos. En mi caso, mis propuestas no son unívocas ni autónomas: no pueden entenderse, por tanto, como propuestas «flotantes» en un éter o en un vacío desde el cual pudieran escucharse como si estuviesen hablando por sí mismas. Son propuestas que podrían ser interpretadas de maneras muy diferentes, según precisamente los «sistemas de coordenadas», o de presupuestos, escogidos. Y esta es la razón por la cual nos parece obligado anteponer una introducción a la exposición de nuestra propia serie [52] de diez propuestas para el próximo Milenio. No quiere ser por tanto una introducción redundante, sino imprescindible para que las propuestas puedan ser interpretadas en un sentido mejor que en otros.

2. Ante todo unas consideraciones previas orientadas a tomar partido sobre el significado que pudiera atribuirse al concepto de «próximo Milenio» en función del cual se nos ha invitado a formular nuestras propuestas. Es evidente que, según el modo como entendamos «el Milenio» algunas de nuestras propuestas, o todas ellas, alcanzarán un significado característico y distinto de otros.

Podríamos entender «el Milenio», en efecto, desde un realismo extremado (metafísico, teológico o mitológico) como una fase preestablecida en el propio curso del desenvolvimiento cósmico o histórico, a la manera como en el jinismo son entendidos los ciclos ascendentes (utsarpini) o descendentes (abasarpini) del proceso histórico cósmico (cada ciclo con seis períodos preestablecidos desde la eternidad), o, a la manera como en el cristianismo se entienden las fases del futuro providencialmente preestablecido y preconocido por la «ciencia de visión» divina. El próximo milenio, interpretado desde la perspectiva de este realismo exagerado, lejos de verse como un continente vacío que los años futuros habrían de llenar de contenidos insospechables, habrá de ser visto al menos como una realidad virtual alojada, ya sea en la ciencia de visión de que hemos hablado, ya sea en el destino cósmico. Tendría sentido hablar entonces de un «quiliasmo» (al modo milenarista, por ejemplo, al modo de los «Adventistas del Milenio» de C.T. Russell). Cualquier propuesta sobre el Milenio, o referida al próximo Milenio, quedará afectada, cuando se adopta la perspectiva del realismo, de un «coeficiente» característico que emana precisamente de esa visión realista más o menos consciente, y este coeficiente se perderá si el Milenio se entiende en el sentido más opuesto posible al del realismo. A saber, el sentido de un nominalismo que sólo puede ver el Milenio como una colección de mil años sucesivos englobados en un rótulo postizo y externo; una colección que, además, habrá de considerarse insertada, sin cortaduras, en la más amplia y envolvente sucesión de los años anteriores y posteriores a cada Milenio de referencia. Una colección que no tendrá, por tanto, mayor entidad que la que pueda resultar de la imposición de un nombre convencional que, a la vez que totaliza (ilusoriamente) un agregado de mil unidades, pretende segregarlo del continuo envolvente por líneas fronterizas artificiosas, tan artificiosas y exteriores como puedan serlo las que derivan del criterio de separar los milenios por los «números redondos». Desde esta perspectiva nominalista, el único modo sensato de proceder sería este: comenzar de inmediato a descomponer la ilusoria unidad formal (aritmética) del Milenio en sus milésimas partes o, al menos, a agrupar estas en grupos (quinquenios, décadas, docenas...) que pudieran tener, en virtud de su contenido, una unidad material práctica e inteligible; teniendo presente, desde luego, en cualquier caso, que la unidad de continuidad entre los cuatro primeros quinquenios, pongamos por ejemplo, de un milenio dado, no tiene por qué ser más intensa que la unidad de continuidad entre los dos últimos quinquenios del milenio antecedente y los dos primeros del milenio de referencia. [53]

Ahora bien: es importante constatar, o «denunciar», una tendencia que afecta a casi todos aquellos que comienzan a enfrentarse con los problemas del Milenio, a saber, la tendencia a polarizarse hacia alguno de los dos extremos que hemos rotulado como realismo y como nominalismo milenarista. Las «polarizaciones», además, se producirían no de cualquier modo, sino según un orden: el primer lugar correspondería a las polarizaciones realistas, y sólo después, por reacción crítica (que no implicaría siempre la total «despolarización» realista), la polarización nominalista. En efecto, podría afirmarse que el mero hecho de hablar (de pensar) en el Milenio, por ejemplo, en el fin de un Milenio (y no sólo en el fin de nuestro siglo, aunque coincida con aquel) o en el comienzo de otro, del tercer Milenio, nos incita a polarizarnos, en un primer momento, y de un modo más o menos intenso, hacia el «realismo». Hay que sospechar que quienes se preparan para despedir al Milenio que acaba, o se disponen para dar la bienvenida al Milenio que comienza, o quienes nos incitan a hacer propuestas precisamente para este «próximo Milenio», globalizado, están sin duda más o menos afectados por el aura de un «realismo milenarista», por confuso y oscuro que él sea. Al menos, podremos decir que es esta aura la que confiere a los «problemas del Milenio» ese peculiar interés expectativo que sería vano no querer reconocer. ¿Cómo podríamos decir siquiera que comienza un Milenio si no estuviéramos considerando, de algún modo, como una «realidad virtual globalizada» sus mil años?

Más aún: podríamos tomar como medida del grado de polarización hacia el realismo, en el caso de que hayamos advertido críticamente sus componentes metafísicos, precisamente el volumen de argumentos a los que se cree necesario recurrir y que van acumulándose desde una perspectiva nominalista. Una tal acumulación estaría fuera de lugar si efectivamente no estuviesen actuando, como una amenaza, las concepciones realistas. Diríamos, en resumen, que las primeras críticas a un inicial y primario realismo del Milenio son las que llevan a la polarización hacia el extremo opuesto, hacia el nominalismo, y que es el carácter reactivo (crítico) de este nominalismo el que instaura la necesidad de acumular cuantos argumentos puedan llegar a producir la convicción de que la visión nominalista no se agota en su condición de mero negativismo (del realismo). Así, cuando el «nominalista» se cree obligado a recordar (como si lo hubiéramos olvidado) que el Milenio que comienza en el año 2000 (según otros, en el año 2001) es una construcción hueca (el tercer Milenio está aún «vacío»), exclusiva de las sociedades cristianas, «como se demuestra porque ese año 2000 será el año 5761 para los judíos, el 1421 para los musulmanes o el 2660 para los japoneses». Más aún: el nominalista se reafirmará cuando advierte que el cómputo por milenios, a partir de la Encarnación de Cristo, fijada en un 25 de Marzo (o bien, a partir de su nacimiento, se supone que nueve meses después), es muy tardío, incluso en las sociedades cristianas. El nominalista recordará que tal cómputo fue realizado en el siglo VI por un monje escita, Dionisio el Exiguo, y fue publicado en el último año del reinado del emperador Justino (año 527); pero, añadirá, de hecho no se utilizó comúnmente hasta mucho [54] más tarde, cuatrocientos años después, en el pontificado de Juan XIII, y, en España, a partir del siglo XIV. Y de aquí, el nominalista podrá extraer una importantísima constatación: que el «primer Milenio» de la Encarnación no fue ni siquiera celebrado en su momento y que el tercer Milenio que se avecina, debiera ser considerado, por tanto, como el primer Milenio que celebramos como tal en nuestra historia: podemos considerar desvanecida toda el aura que envuelve al «comienzo de un nuevo Milenio», procedente de la gravitación del significado del Milenio anterior.

Se objetará: los relatos (al estilo de Augusto Strimberg) sobre los «terrores del año mil», ¿no demuestran que existió efectivamente una conciencia, y una conciencia «quiliástica», del anterior Milenio, y que es lógico que esa conciencia, transmitida durante mil años, contribuya a formar el aura que rodea el Milenio que se avecina? La respuesta es sencilla: tales relatos demostrarían mucho si fuesen historia verdadera y no leyenda o historia ficción (la leyenda de los terrores del año mil, que inspira sin duda una gran parte de las actitudes de quienes en nuestros días, en todo el mundo, se disponen a recibir con cierta solemnidad y aun cierto temor inconfesado el próximo Milenio, habría sido una invención muy tardía, un conjunto de relatos que aparecen en la historiografía, por primera vez, en los Annales Ecclesiastici del Cardenal Baronio, en los últimos años del siglo XVI, y van creciendo e incorporándose cada vez con mayor vigor a los libros de historia de los siglos XVII, XVIII y XIX, aunque Muratori y Voltaire, por ejemplo, ni siquiera los tomaron en cuenta). Para mas inri, podría añadir el nominalista, como argumento definitivo contra la magia de los tres números redondos que separan los milenios, al «hecho» de que la era cristiana sólo muy tardíamente se hizo comenzar en el 753, año de la fundación de Roma, el «hecho» de que este año ni siquiera fue el de la Encarnación o el del nacimiento de Cristo, por la sencilla razón de que Dionisio el Exiguo se equivocó en sus cálculos; Herodes había muerto en la Pascua (18 de marzo del 750 de Roma), por lo que Cristo debió de haber nacido cuatro o cinco años antes. Joseph Klaussner puede decir, con razón, al comenzar el libro tercero de su obra ya clásica Jesús de Nazaret, que «Jesús... nació durante el reinado de Augusto, de dos a cuatro años antes de la era cristiana». Lo que, traducido al lenguaje vulgar, sonará a esta frase de aspecto «relativista»: «Cristo nació cuatro años antes de Cristo.»

Los argumentos del «nominalista del Milenio» son tan potentes que parece que no cabe otra opción racional que la de retirar cualquier significado realista, por débil que sea, al Milenio que se avecina. Pero, ¿no prueban demasiado los argumentos nominalistas? Si, en su nombre, retirásemos todo sentido a la idea del Milenio, ¿no estaríamos, por de pronto, impugnando de hecho el planteamiento mismo de estos Encuentros? Y si fuéramos consecuentes, ¿no debiéramos borrar su mismo título, como meramente retórico y vacío? Es decir, ¿no sería preciso desestimar la fórmula [55] de las «propuestas para el próximo Milenio», como fatua y «meramente literaria», es decir, como desprovista del más mínimo contenido conceptual? Habría que sustituir esta fórmula por otras fórmulas más abarcables, desde el punto de vista práctico (por ejemplo, por fórmulas de propuestas para el próximo quinquenio o para el próximo septenio, incluso para las próximas décadas, como es el caso de las propuestas de construcción de un afrotunel de 28 kilómetros de longitud que permitirá atravesar por vía férrea el estrecho de Gibraltar y que, según los expertos, podría estar terminado en el año 2010). En cualquier caso el nominalista consecuente debiera, después de lo dicho, retirarse de estos Encuentros. Pues, ¿quien se atrevería a proponer con sentido algo que vaya referido a una entidad inexistente, o a empresas prácticas (operatorias) situadas más allá de doscientos años, pongamos por caso? ¿Quien podría diferenciar una propuesta para el año 2800 de otra para el año 2900? No se trata siquiera, por tanto, de dudar de la viabilidad o de la probabilidad de ejecución de propuestas tan lejanas; no se trata de acogernos al «tan largo me lo fiáis». Se trata de dudar de la posibilidad de poder «fiar siquiera» algo preciso, diferenciable, incluso en los siglos venideros. De otro modo: las propuestas para el tercer Milenio, globalmente considerado, no pueden ser llamadas ni siquiera propuestas, sino fantasías literarias o cinematográficas que no tienen nada de propuestas, pues son un mero flatus vocis o un desfile de imágenes, ni siquiera una utopía, ni tampoco una ucronía.

Y, sin embargo, los astrónomos o los geólogos, incluso los biólogos, pueden predecir (no ya proponer) con diferentes grados de precisión, acontecimientos o situaciones no ucrónicas fechadas incluso más allá del próximo Milenio. Lo que significa que la imposibilidad de las propuestas para el próximo Milenio no tiene que ver propiamente con la materia natural o cósmica susceptible de ser referida a los Milenios futuros, en función de los cuales se formulan predicciones, sino que tiene que ver con la materia práctica (operatoria) que habrá que referir a las obras que los hombres puedan llevar a cabo apoyándose (necesariamente) en obras previamente realizadas. En términos de la teoría del cierre categorial: una cosa son las propuestas desde la perspectiva a-operatoria (que no excluye operaciones incorporables a ella) y otra cosa son las propuestas desde una perspectiva b-operatoria estricta. Son las concatenaciones entre las diversas obras las que no pueden predecirse, y no tanto por razón de un supuesto indeterminismo de las concatenaciones (que algunos asocian a la libertad humana) sino simplemente por razón de la naturaleza «caótica» de las mismas. Ahora bien: es preciso tener en cuenta, sin embargo, que un «cambio de escala» en el momento de determinar la dimensión de las configuraciones futuras puede dar lugar a que la «materia práctica» comience a poder ser tratada como si fuera «materia cósmica». A partir de una cierta escala, en efecto, las leyes que presiden la evolución humana comienzan a actuar «por encima de la voluntad», es decir, se convierten en materia cósmica. Las leyes que presiden la evolución de macrosistemas tales como pueda serlo la «lengua china» o la «religión musulmana», comienzan a asemejarse a las leyes que presiden la evolución del plancton oceánico. [58]

¿Qué podemos concluir? Supuesta la polarización obligada entre las dos opciones extremas que venimos denunciando, entre el realismo y el nominalismo del Milenio, ¿podemos hacer otra cosa sino desistir de formular propuestas inteligibles para el próximo Milenio en cuanto tal, o bien decidirnos a participar en estos Encuentros con fórmulas de propuestas aparentes, bien sea porque están derivadas de una fantasía mitopoiética que podría alcanzar sin duda un alto interés literario, bien sea porque, aun por cortesía con los organizadores de estos encuentros, sólo tengan de nombre la condición de «Propuestas para el Milenio».

Por mi parte, desde mi débil dotación en fantasía mitopoiética, y desde mi voluntad de «cortesía no fingida» con los organizadores (cortesía que implica reconocer algún significado a unas posibles «propuestas para el Milenio»), sólo encuentro un camino abierto: el de evitar, de algún modo, la polarización en torno al realismo o al nominalismo en el momento de entender el Milenio, a fin de intentar comprenderlo como una unidad histórica susceptible de soportar una objetividad, siquiera sea abstracta, por encima de la acumulación sucesiva de los años, sin recaer en modo alguno en la hipóstasis mitológica del realismo. Si fuera posible entender los Milenios como unidades históricas (siempre en función de las configuraciones que en ellos puedan formarse) dotadas de una mínima capacidad para discriminar secuencias dadas en el continuo histórico, y para compararlas entre sí, entonces las propuestas «para el próximo Milenio» podrían también tener un significado racional-práctico (no utópico, ucrónico o místico).

Ante todo conviene comenzar por la constatación, casi tautológica, que nos lleva a determinar el concepto del «próximo Milenio» como una figura dibujada en el futuro, de la misma manera que los «anteriores Milenios» son figuras del pasado, del tiempo histórico. Ahora bien, entre el futuro y el pasado hay que intercalar siempre al tiempo presente. ¿Cómo delimitar la figura del presente en una perspectiva histórica o práctica? Acaso lo más pertinente, para comenzar, fuera decir que las dimensiones del presente (como categoría histórica) no pueden reducirse, desde luego, al nunc, al instante que fluye sin cesar (y que habrá que entender como una categoría psicológica antes que como una categoría histórica), pero tampoco puede ampliarse al milenio. El presente no tiene las dimensiones del milenio, tiene las dimensiones del siglo. Si, como hemos hecho en otras ocasiones, definimos el «círculo del presente» utilizando un criterio causal, como el campo en el cual los hombres (individuos o grupos) actúan según relaciones de codeterminación o influencia recíproca, entonces, el diámetro de este círculo es del orden de cien años, porque es dentro de un diámetro de tales dimensiones en donde conviven cinco o seis generaciones en acción recíproca (los padres influyen sobre los hijos y recíprocamente, como los abuelos sobre los padres y sobre los nietos y recíprocamente). Desde este punto de vista podríamos redefinir el pasado y el futuro históricos a partir de las fracturas de esa reciprocidad de las influencias: el conjunto de todos los hombres que influyen, sobre un círculo de presente tomado como referencia, sin que ese presente pueda influir sobre aquellos, delimitan muy de cerca el ámbito (o denotación) de lo que llamamos pasado, como [59] categoría histórica (a este pasado se circunscriben las disciplinas históricas); el conjunto de todos los hombres sobre los cuales podemos influir, sin que ellos puedan influir sobre nosotros, delimita bien el concepto de futuro (que ya no es, por cierto, aunque no todos los historiadores están de acuerdo, una categoría histórica). Es cierto que el círculo del presente que podemos delimitar de este modo es de índole formal, más que material. Por de pronto, cada círculo de presente podrá entenderse como inserto en alguna época cuyas dimensiones pudieran ser ya milenarias, aunque no necesariamente (nuestro presente, ¿es el final de una época, o es el principio de otra? ¿es el principio de la sociedad industrial o el de la época postmoderna, o comienza con él la era del Acuario?). Pero no es posible detenernos más tiempo en estas cuestiones que son, sin embargo, decisivas.

Nos será suficiente lo que hemos dicho para poder reconocer un significado abstracto al concepto de Milenio que no tenga por qué polarizarse ni hacia el realismo ni hacia el nominalismo. Un Milenio es entonces, ante todo, una unidad de «escala histórica» que, si bien es inadecuada, por demasiado amplia, para analizar nuestro presente, sin embargo no tiene por qué serlo enteramente para analizar el pasado histórico. Sin perjuicio de su carácter artificioso o abstracto, la objetividad gnoseológica del Milenio, como unidad de escala, quedaría probada, no a priori, sino en su ejercicio, si se demostrase que la «organización del campo histórico» a escala de milenios recoge unas dimensiones de «partes formales» históricas muy diversas a las que determinaría la organización del campo histórico a escala de anales, de décadas, de generaciones o de centurias. A escala de milenios, las configuraciones históricas (políticas, tecnológicas, urbanísticas, religiosas, lingüísticas...) que podremos delimitar en el pasado histórico serán distintas, evidentemente, de las configuraciones que podríamos delimitar a escala de años o de décadas. Muchas configuraciones desaparecen a escala de años o de centurias (por ejemplo individuos, generaciones o familias); otras configuraciones se mantienen con el paso de los años y aun de los siglos, y alcanzan las dimensiones de un milenio. Precisamente estas configuraciones son las que pueden llegar a ser vistas como obedeciendo a leyes de evolución que actúan «por encima de la voluntad de los hombres», es decir, a leyes que asemejan en su comportamiento la materia histórica a la materia cósmica. ¿Y quien ignora la realidad de determinadas configuraciones pretéritas milenarias que, sin embargo, y por encima de nuestra voluntad, siguen influyendo formalmente sobre nuestro presente? Si queremos poner ejemplos, y puesto que nuestros encuentros tienen lugar en Oviedo, no habrá que mirar muy lejos: no parecerá impertinente recordar que precisamente hace poco más de mil años tuvo lugar la fundación o refundación por Alfonso II de la ciudad que nos acoge. Es decir, que tendremos que reconocer que una de las razones o causas formales por las cuales estamos aquí, en 1995, para hablar del próximo Milenio, hay que situarla en configuraciones moldeadas precisamente hace más de mil años. Desde este punto de vista, ¿por qué habríamos de borrar todo significado a la idea de una posible influencia que nuestras acciones, aplicándose a configuraciones milenarias ya dadas, pudieran tener en nuestros sucesores de mil años más tarde? Lo único que [60] habría que tener en cuenta sería esto: que cuando utilizamos la escala del milenio las figuras que se nos aparezcan en el pasado --y las que, por tanto, puedan ser propuestas para el futuro-- serán distintas que cuando utilicemos la escala de las centurias o de las décadas. Por tanto, lo que sería absurdo es cualquier propuesta que utilizando figuras que «caben» en un año, o en una década, o incluso en una centuria --pongamos por caso, un periódico o una fábrica-- tratemos de reproducirlas mucho más allá del año, de la década o del siglo.

De otro modo: la formulación de las propuestas para el próximo Milenio a la que hemos sido convocados, parece que requiere, en primer lugar, si queremos mantenernos en una perspectiva que tenga algún sentido, no tanto mirar hacia el vacío de los mil años del milenio futuro, disponiéndonos a llenarlo con nuestra «imaginación creadora», sino a mirar hacia los mil años del milenio pasado que está acabando, a fin de determinar en él las proporciones de las figuras susceptibles de llenar, a título de propuestas, el vacío que se abre ante nuestra mirada. No hacemos con esto sino aplicar la regla según la cual toda prolepsis es el resultado de una anamnesis.

3. Las consideraciones «metodológicas» que acabo de hacer sobre las relaciones entre las figuras que se dibujan a escala del Milenio que termina y las figuras que pueden servir o no de soporte para las propuestas del Milenio que va a comenzar, suponen que existe una profunda intrincación entre los diversos géneros literarios según los cuales pueden clasificarse las propuestas para el Milenio y la materia (por escala, estructura...) de esas mismas propuestas, diferenciadas según algún criterio que nos permita distinguir las propuestas meramente ucrónicas de las propuestas pragmáticas. Sin entrar en las dificultades que la aplicación de este criterio encontrará en cada caso (habría que tener en cuenta, sobre todo, que la aplicación podría ser interpretada, ya fuera desde el punto de vista emic del proponente, ya desde el punto de vista etic de su crítico) comenzaremos constatando que el género pragmático (las propuestas formuladas según el género pragmático) se caracteriza, en gran medida, por su voluntad de contradistinguirse de las diferencias formuladas según el género ucrónico.

Ahora bien: una propuesta (mejor, una serie de propuestas) para el próximo Milenio podría considerarse ucrónica, y por tanto utópica desde el punto de vista pragmático, de dos modos muy distintos (sin perjuicio de que ellos puedan darse conjuntamente en alguna ocasión), y que llamaremos, para entendernos, modo formal y modo material.

Una «propuesta para el Milenio», o una serie de propuestas, será utópica (ucrónica) según el modo formal cuando ella esté formulada «desde ninguna parte». Desde ninguna parte presente o pasada, accesible a las coordenadas etic del crítico. Por ello, la clasificación de una propuesta o serie de propuestas dentro del modo formal del género utópico-ucrónico depende enteramente de las coordenadas de referencia. El profeta que propone líneas precisas de conducta para un milenio apocalíptico, se considerará (emic) situado en la parte misma que ocupa el Espíritu divino; pero semejante parte, desde coordenadas materialistas, habrá de tenerse como ilusoria, y deberá ser reducida a los límites de alguna parte más positiva (pongamos por caso, la parte «desde la cual» [61] vemos en el profeta a un miembro que delira en el seno de una tribu de pastores). Pero también clasificaremos dentro del género utópico, según el modo formal, a las propuestas formuladas desde la perspectiva del «género humano», lo que ocurre cuando el proponente dice hablar «en nombre de la Humanidad». Porque quien pretende hablar «en nombre del género humano» (o en nombre de figuras intencionalmente análogas, como pudiera serlo la figura del «proletariado como clase universal», o bien «el conjunto de todos los hombres de buena voluntad») está en realidad encaramándose «a ninguna parte», presente o pretérita (el proletariado como clase universal constituida por la totalidad de los asalariados, carece de la mínima consistencia atributiva exigible y, en realidad, la idea fue construida con referencia a un futuro: en el Manifiesto Comunista se leía «Proletarios de todos los Países, ¡uníos!»). De hecho, quien habla en nombre de «partes» que, aun dadas a escala milenaria, no son reales, es decir, pretéritas, está hablando sólo desde la perspectiva propia de un novelista o de un iluminado o de cualquier otro género literario o político.

Y una propuesta, o una serie de propuestas, será utópica según el modo material cuando los contenidos ofrecidos sean considerados irrealizables o absurdos (como cuando alguien propone, desde la Tierra, la vida perdurable).

Es obvio que unas propuestas formalmente utópicas pueden dejar de serlo, en sentido pragmático; es el caso del profeta que propone, como mandato divino, objetivos tan precisos como la huida del pueblo esclavo a través del Mar Rojo. Y unas propuestas que materialmente no son utópicas podrán serlo, por razón de su contenido, en sentido pragmático: así la propuesta que un escultor hace desde su taller (no desde ninguna parte) a un ministro de Cultura, de un gran monumento con destino a una plaza pública será una propuesta no utópica ni en sentido formal, ni en sentido material-intencional; sólo que si su proyecto de monumento consiste en tallar en mármol un gran decaedro regular habrá que considerar el proyecto como utópico en sentido pragmático, por su contenido material efectivo, dado que el decaedro regular no puede realizarse en ninguna parte.

Mis propuestas no quieren ser utópicas ni ucrónicas, ni según el modo formal ni según el modo material. Sin perjuicio de su mérito literario y de la influencia social indirecta que una utopía pueda tener (como pueda tenerlo la ciencia ficción respecto de la ciencia positiva) no me encuentro en condiciones adecuadas para formular propuestas utópicas.

Ninguna mirada hacia el futuro que tenga la forma de propuesta pragmática (es decir, que no sea una predicción natural o social) podrá ser el resultado de un acto de creación espiritual o poética: es siempre la rotación, en forma de prolepsis, de alguna anamnesis determinada en alguna parte muy precisa de la vida histórica. Y si la propuesta es para el Milenio, también las partes utilizadas habrán de ser milenarias, es decir, proporcionadas al efecto. No es siempre fácil, por otro lado, distinguir una propuesta efectiva de una predicción, porque las propuestas necesitan, desde luego, estar intercaladas con predicciones tenidas por firmes. Incluso cabría verlas como pseudopropuestas, si es que lo que ellas ofrecen son predicciones (acertadas o no) bajo la [64] forma de propuestas. En la Crítica al Programa de Gotha Marx propone rasgos decisivos de una futura sociedad comunista, apoyándose en una predicción (es verdad que sólo intencional) sobre el curso futuro del modo de producción capitalista; pero se concederá que si la propuesta puede distinguirse de la mera predicción, es porque se sobrentiende que lo que se ha predicho no excluye las operaciones de los hombres que hayan de intervenir en el proceso de su ejecución, sino que, por el contrario, las incluye (Plejanov analizó adecuadamente esta circunstancia en su crítica a la llamada «teoría del eclipse»).

Ahora bien: cuando formulamos propuestas con intención pragmática, apoyándonos siempre en una parte-plataforma delimitada, y dada realmente (aunque hay muchos grados en esta realidad) a escala adecuada, a escala de las dimensiones del intervalo del futuro considerado, tenemos necesariamente que tener en cuenta la relación de nuestra voluntad operatoria práctica con relación a esa parte. Una relación necesariamente partidista, tanto si ella consiste en la identificación del sujeto operatorio con esa parte, a la que pretende desarrollar (o con componentes suyos sustanciales), a fin de mantenerla, mediante sus operaciones, en la existencia, como si consiste en una distanciación (o aversión) respecto de ella. Ninguna de las dos opciones es compatible con la «neutralidad», pues, por hipótesis, no estamos prediciendo el «curso natural» de los estados por los que habrá de pasar esa figura, sino proponiendo una sucesión de estados que habrán de ser construidos, al menos en parte, por nuestras operaciones. Quien «contempla fríamente», sin la menor contaminación emocional, el supuesto despliegue futuro de determinadas configuraciones dadas de algún modo en nuestro pretérito, y que permanecen en el presente (pongamos por caso, los límites de un Estado determinado, o la estructura aristocrática de una sociedad) no por ello los contempla más «racionalmente»; lo que ocurre sencillamente es que no se ve implicado (acaso de modo irracional) en el proceso de su desarrollo, y que mantiene una actitud contemplativa, incursa en la «teoría del eclipse», y no práctica. Una actitud contemplativa que habría que considerar irracional, precisamente por su frialdad y distanciación, por cuanto significa subestimar la influencia que en el curso del proceso cabe atribuir a las propias operaciones humanas. Quien se considera de algún modo implicado en el despliegue futuro de esa configuración, ya sea porque desea que el despliegue alcance su fin, como porque desea conjurarlo, no es que añada una «carga emocional» a la «representación racional» de ese curso, puesto que su racionalidad práctica, como hemos dicho, presupone ya la voluntad de desarrollar o de conjurar esa configuración. La apariencia de que alguien «añade» en estos casos una carga emocional a la «fría representación» predictiva, se produce por la inadvertencia de que aquella fría representación implicaba ya la segregación de la voluntad práctica operatoria, de la «carga emocional». No tiene sentido, en conclusión, plantear la cuestión como si se tratase de sobreañadir una voluntad (positiva o negativa) o una carga emocional a un supuesto «cálculo racional» previamente establecido, puesto que es precisamente en ese cálculo racional en donde debe figurar ya la materia de la razón práctica, es decir, la misma voluntad efectiva de mantener o [65] destruir, o de transformar, la configuración de referencia. La cual, a su vez, habrá de considerarse como un resultado o efecto de razones prácticas previas.

4. La escala de la parte en la que habré de situarme en el momento de formular mis propuestas no habrá de ser, por lo dicho, la escala que sólo puede conducirme a un «detalle oligofrénico» del presente, es decir, meramente subjetivo o personal (no se trata de formular diez propuestas que, referidas a mi jardín, yo dirigiera a mis herederos), ni tampoco la escala de una «parte a-histórica». Suponemos, por ejemplo, que el «Género humano» no constituye una plataforma desde la cual alguien pueda apoyar sus palancas. El «Género humano» nos remite al Paleolítico inferior, es decir, desborda ampliamente la escala de los milenios, y nos obliga a utilizar escalas de centenares de milenios o de millones de años. Desde el punto de vista histórico, el «género humano» se nos da, in medias res, repartido en configuraciones que, tomadas precisamente a escala de milenios, se aproximan a lo que llamamos configuraciones políticas, en su sentido histórico, como es el caso de España, si es que tomamos en serio el significado que para nosotros, los que aquí estamos reunidos para formular propuestas para el Milenio, tuvieron los reyes asturianos y en concreto Alfonso II como fundador de Oviedo.

La «parte» que yo he escogido, en resumen, como plataforma de mis propuestas, está incluida en el conjunto de «partes formales» de la humanidad histórica, tomada in medias res, un conjunto que se ha configurado precisamente a lo largo del último milenio. El «elemento de esa clase» en el que me apoyaré como una plataforma proporcionada a la escala del Milenio es, pues, la nación española, es decir, España, que tiene a Asturias, desde la que hablamos, como parte formal originaria; pero que no es una totalidad cerrada o clausurada, puesto que forma parte, a su vez, de esa «biocenosis» que llamamos Europa.

Y cabría considerar, como muy probable, que la configuración «Europa», bien sea bajo la forma política de una Unión Europea, bien sea bajo otras formas diferentes, se consolide en el próximo Milenio. Mi propósito no es otro sino el de referirme a las primeras fases del Milenio que comienza, pero sin perjuicio de adoptar la escala de una configuración que está prefigurada, precisamente, durante el Milenio anterior. Una configuración que, esbozada ya hace mil años, se ha consolidado hace quinientos, medio milenio; una configuración, España, que, por tanto, es muy probable que «por ley natural» (o cósmica) siga durando a lo largo del Milenio venidero. En particular, si nos referimos a uno de los componentes esenciales de esa «configuración», a saber, la lengua española, componente esencial de esta unidad que tomamos como plataforma, y que habrá cumplido, al final de nuestro siglo, precisamente los mil años.

Además, desde luego, mis propuestas están formuladas no sólo «desde la parte de España» (y esto, en función de la voluntad de no incurrir en utopías «propuestas desde ninguna parte para ninguna parte») sino tomando partido por España y, sobre todo, por el español como parte de una red de organizaciones políticas en cuyas mallas pulularán, ya en el comienzo del próximo Milenio, cerca de 7.000 millones de hombres. Son, por tanto, propuestas formuladas desde la parte de España y propuestas formuladas [66] a los españoles: no son propuestas formuladas desde ninguna parte y dirigidas urbi et orbe a los «hombres de buena voluntad», a los «asalariados» o a la «clase universal». Sin embargo es obvio que estas propuestas para España y desde España no tienen sentido aisladas, ni cabe aislarlas del resto del mundo. En realidad, están concebidas como el modo de ejecutar ese acto de necesaria elección de plataforma positiva que venimos postulando como una fase previa para, desde ella, poder establecer eventualmente ulteriores o incluso más universales (es decir, que desborden el ámbito de España y del idioma español actual) y revolucionarias propuestas.

5. Se comprenderá que al delimitar la «parte», desde la cual me sitúo, en términos eminentemente políticos, me vea obligado a tener en cuenta ciertos presupuestos implícitos, y en torno a los cuales he ofrecido alguna exposición en otros lugares (en particular en mi Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas). Según estos presupuestos, el cuerpo de una unidad política histórica (y, por tanto, de los sistemas constituidos por redes de esos cuerpos o Estados nacionales), consta de tres capas, denominadas capa cortical, capa conjuntiva y capa basal. Mis propuestas habrán de referirse a aspectos más o menos determinables en alguna o varias de tales capas, ya sea porque afectan a toda una capa (propuestas longitudinales o lineales), ya sea porque afectan a algún punto concreto (propuestas puntuales) que, no por ello, habrá de suponerse como de «rango más bajo» si es que este punto se entiende concatenado con todos los que componen el resto de la línea. Además toda propuesta tiene necesariamente un lado positivo y un lado negativo: toda determinación es una negación; lo que significa que, estilísticamente, podremos elegir entre el modo positivo (o constructivo) y el modo negativo (o destructivo) en el momento de formular las propuestas.

En resolución, y en función de estos supuestos, me permito descubrir los criterios desde los cuales están formuladas las diez propuestas que siguen: las siete primeras están formuladas en «estilo positivo», y las tres últimas en «estilo negativo». Por lo que se refiere a las siete primeras propuestas, las tres primeras son propuestas «longitudinales» respectivamente a cada una de las tres capas citadas (cortical, conjuntiva y basal); las tres siguientes son propuestas puntuales, respectivas también a cada una de esas mismas tres capas. La propuesta séptima no es reducible a ninguna capa en concreto, y además tiene una pretensión a la vez puntual y longitudinal. En cuanto a las tres propuestas últimas, su estilo negativo las hace difícilmente asignables a una sola capa de referencia, si bien la propuesta 8 se mantiene en un terreno implicado directamente con la capa cortical, la 9 en un terreno conjuntivo y la 10 en un terreno basal.

Finalmente, mis diez propuestas no se presentan como suficientes pero sí como necesarias para todo aquel que tome «el partido de España» en las vísperas del próximo Milenio. No constituyen por tanto, obviamente, un sistema completo de propuestas, y sería absurdo interpretarlas en tal sentido. [67]

 


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Primera propuesta
Reorganización del «Estado de las autonomías» mediante una reforma de la Constitución del 78 que esté orientada a subrayar la unidad cultural y lingüística de España en el contexto de la Unión Europea, y que esté dispuesta incluso a permitir la segregación, por «autodeterminación de independencia», de autonomías que no quieran aceptar su integración plena en la unidad española (sin perjuicio de que puedan aceptar compromisos tales como el del «Estado libre asociado»)

Mi primera propuesta se apoya en dos «predicciones» que, independientemente de la simpatía que nos produzcan, se suponen afectadas de una gran probabilidad: la predicción de que la Constitución española de 1978 seguirá de algún modo siendo un marco político sin alternativas en el comienzo del próximo Milenio y la predicción de que la Unión Europea ampliada se consolidará también como «biocenosis» (más que como unión política en el sentido estricto), principalmente en función de la presión de las otras unidades políticas de escala continental que la circundan (tales como China, India, Islam).

Entre los fundamentos para asentar la alta probabilidad de estas predicciones hay que contar con la probabilidad del juicio favorable de los ciudadanos que consideren, como objetivos de su prudencia política (por tanto, no en términos absolutos, cuando alternativos) la conservación tanto de la Constitución española como de las relaciones de España con la «biocenosis» europea.

Supuesta la alta probabilidad de estas dos predicciones habrá que contemplar como inminente la coordinación (colindante muchas veces con la subordinación) progresiva de las decisiones económico políticas y militares de rango estatal a las decisiones de la Unión. Esto significa que la «deriva» del actual «Estado de las autonomías» hacia un Estado federal (incluso hacia una Federación de Estados Ibéricos), que algunos Partidos ya propugnan en sus programas electorales, es antes un proyecto voluntarista que una «tendencia natural». Multiplicar el número de Estados sobre el supuesto ficticio de que existen nacionalidades a escala regional --o naciones que buscan desde el fondo de su realidad prehistórica (celtas, vascos, iberos, arévacos, lusitanos) la forma del Estado, según en principio de Mancini-- nos parece una operación superflua y económicamente desastrosa en el contexto de la Unión Europea (sobre todo a escala de los Estados continentales que la circundan). Es en este contexto en el que habrá que redefinir el alcance de los Estados que componen la Unión. Y puesto que será difícil argumentar con motivos económicos, militares, &c. (reabsorbidos en la Unión, por no citar otras organizaciones, señaladamente la OTAN), podemos depurar las razones por las cuales tiene algún sentido, a escala milenaria, defender una configuración identificable con la unidad de España. Por ejemplo, y a nuestro entender, carecen hoy de fuerza las razones que se alegaban en los tiempos de la «autarquía» según las cuales la unidad de España derivaría de la necesidad que los castellanos, por ejemplo, tenían de los Altos Hornos de Vizcaya, de la industria textil de Cataluña o del carbón de Asturias. La depuración de razones nos lleva en [68] cambio hacia la consideración de la estructura de España como una nación que se ha constituido históricamente en virtud de procesos, precisamente milenarios; procesos que son paralelos a los que dieron lugar a la formación de unidades políticas tales como Inglaterra y, a su modo, Portugal. Unidades políticas caracterizables por su condición de «naciones de naciones», es decir, como sociedades que (por vía colonialista o imperialista, esto es otra cuestión), de hecho, han resultado estar vinculadas por lazos no sólo pretéritos, sino presentes, que pasan necesariamente por la cristalización de una lengua común y de todo cuanto con ella se relaciona. Por otro lado, serán los vínculos con los pueblos no europeos aquellos que habrán de servir para «suavizar» el alcance de la inserción de España en la Unión Europea (al igual que le ocurre a Inglaterra o a Portugal). Son estos vínculos aquellos que, por decirlo así, «liberan» o mantienen libre a España (a Inglaterra o a Portugal) de una subordinación total (por no decir, de una capitulación) a la Unión Europea, de hecho, sobre todo, a Alemania o a Francia.

Desde esta perspectiva, los fundamentos por el «partido de España» tendrán que asentarse no ya tanto únicamente en la defensa de una integridad territorial, puesta en entredicho, sino principalmente en la defensa de su patrimonio histórico más específico, dotado de una entidad milenaria, como es el de la lengua española. De no tomar este partido, la única alternativa que se nos abre es el debilitamiento de nuestra actual plataforma nacional en el conjunto de la Unión, hasta un punto tal en el que la disgregación o balcanización de España en las llamadas «nacionalidades históricas» será un hecho inexorable correlativo con la colonización cultural o lingüística de España por las naciones europeas hegemónicas. Nuestra propuesta quiere subrayar la idea de que la unidad de España, como unidad histórica, sólo mantendrá su sentido en el próximo Milenio si se la considera no ya tanto como una unidad territorial o de mercado, o como una circunscripción administrativa orientada a mantener el orden público, o como una unidad de paisaje territorial, en todo caso artificial, sino como unidad de un territorio en el que viven los hombres que hablan en Europa el español. Es en función de esta característica como España podrá mantenerse en su condición de eslabón más importante en Europa con América. Pero este punto de vista requiere dar «la vuelta del revés» a la perspectiva de quienes piensan (y ya son muchos) «autonómicamente», en el sentido más radical: aquel según el cual, el español habría de quedar reducido a la condición de lengua de comunicación en «el Estado», casi como una «segunda lengua», una lengua auxiliar o lengua franca, útil para los actos públicos u oficiales, cada vez más contados, que como lengua propia y primera de las «nacionalidades» constitutivas del Estado español, pues como lengua primera habría que considerar a las lenguas vernáculas, ya sean reales, ya sean lenguas ficción asignadas a las comunidades autónomas. El modelo autonómico radical se apoya, por tanto, con criterios feudales, en las unidades territoriales. En Cataluña, por ejemplo, el señor Jordi Pujol exige que el catalán sea considerado como lengua obligatoria de su territorio; a partir de esa exigencia se desencadena la política de «impregnación» en el catalán de más de la mitad de quienes trabajan en ese territorio, [69] por el hecho de residir en Cataluña, y aun cuando su lengua sea el español el residente deberá hablar catalán.

En conclusión, la consideración de la hipótesis de una segregación, respecto de España, de alguna de sus partes formales actuales, por ejemplo el País Vasco o Cataluña --aunque esta hipótesis no tenga probable aplicación en los primeros años del próximo Milenio--, no está tanto dirigida por nuestra parte a explorar o facilitar la puesta en práctica de sus contenidos, sino que está dirigida a su utilización como término apagógico de nuestro argumento: «si la segregación de un territorio histórico, por ejemplo, el País Vasco, implica hablar euskera e inglés, la no segregación sólo tendrá sentido en el caso de que en el País Vasco se pueda seguir hablando el español como primer idioma» (lo que no excluye el euskera como segundo idioma, desde una perspectiva estrictamente política).

Desde este punto de vista pierde todo sentido cualquier justificación a toda costa de la vinculación política a España a las sedicentes «nacionalidades históricas» que esté basada en motivos históricos (que precisamente se ponen en tela de juicio por los independentistas) o en motivos económico políticos. Pierde todo sentido el defender a toda costa, alegando motivos económico territoriales o históricos, la vinculación a España de esas «naciones futuribles», llamadas hoy «autonomías históricas», si llegan a constituirse tal como están siendo proyectadas, precisamente como contrafiguras de España. Dicho de otro modo: no hay ninguna razón histórica o económica objetiva para pensar que merece la pena mantener la «unidad territorial o política» de un Estado convencional que contiene a un conjunto de «autonomías» que, sin embargo, se caracterizan, de modo creciente, precisamente por aborrecer la lengua española, hasta el punto de no utilizarla más que en situaciones de extrema necesidad. Si la inmensa mayoría de los individuos adscritos a tales nacionalidades quisieran (por hipótesis milenaria) autodeterminarse por independencia, lo mejor sería «dejarlos ir». Lo que carece de sentido es contribuir, en nombre de no se qué idea metafísica de España (heredada de épocas pretéritas) a alimentar regionalismos aislacionistas o separatistas. Para sugerir un modelo límite: ¿Qué podría interesar a España un País Vasco que, hacia el año 2200 hubiese conseguido que sus ciudadanos se expresasen en euskera como lengua nacional y en inglés o francés como lengua europea o internacional? ¿Por qué habríamos de mantener, en nombre de la «unidad territorial e histórica de España», la ficción de esa unidad? Este es un modelo límite, sin duda, que aunque se considera improbable, sirve, revertido, para demostrar que si el País Vasco, por ejemplo, sigue formando parte de España es porque en él ha de hablarse obligatoriamente, y como primera lengua (primera en sentido político, no biográfico) el español, invirtiendo la relación que hoy se ofrece como canónica. Es preciso tener en cuenta que, en general, si las regiones autonómicas de España han alcanzado un [70] horizonte efectivamente planetario, «universal», ha sido precisamente a través de la historia común, de la historia de España; de suerte que puede decirse que la «identidad» de tales regiones no puede interpretarse en un sentido sustancialista (como una identidad propia de una totalidad cuasi megárica), sino que ha de interpretarse como la identidad que corresponde a lo que es parte de un todo orgánico: la identidad de Aragón, por ejemplo, es indisociable de su condición histórica de parte de una unidad envolvente, la unidad de la nación española cristalizada en el siglo XVI pero incubada en siglos anteriores (la identidad de un brazo, o aun de la cabeza de un organismo, es la identidad propia de una parte del todo: el brazo, incluso la cabeza, perderían su misma forma desgajados del cuerpo viviente del que son partes integrantes). Es muy frecuente que en la España de las autonomías, en el momento de exaltar el significado de una figura preclara, real o de ficción, se recurra a fórmulas como la siguiente: «Don Quijote es un manchego universal», o bien, en nuestro terreno, «Jovellanos, Feijoo o Clarín son asturianos universales». Sin duda, pero es preciso puntualizar que si alcanzaron esa universalidad literaria no fue, por así decirlo, directamente (como manchegos o como asturianos considerados en sí mismos), sino a través de España y, en los casos citados, a través precisamente del español (la universalidad que pueda haber alcanzado el habitante de una región española cualquiera tan sólo puede tener el alcance de una universalidad etnológica, similar a la universalidad que hoy tiene el disco botocudo).

El fundamento decisivo de nuestra primera propuesta es, por tanto, el reconocimiento de que la mera «unidad administrativa» de España, entendida precisamente como «Administración» de un territorio geográfico, carece de toda importancia político económica en el contexto internacional, en los años 2000, de la Unión Europea y de la política y de la economía mundial. Lo que sí tiene significado mundial es la unidad de España en todo cuanto esté implicado con la unidad de la lengua española. Desde este punto de vista, uno de los obstáculos ideológicos más fuertes para el reconocimiento de este principio que consideramos fundamental es la utilización de los conceptos políticos funcionales de «izquierda» y de «derecha» contraídos a determinados «valores» concretos y polarizados precisamente en torno a los parámetros nacionalistas. Va cristalizando la costumbre de considera como característica de nuestra «izquierda» política la defensa del federalismo nacionalista, y aun del nacionalismo, sobre todo si es extremo o abertzale: no ya los dirigentes de la coalición HB vasca, sino incluso muchos de los dirigentes del PNV --y otro tanto se diga del BNG gallego y de las formaciones nacionalistas catalanas--, se consideran «de izquierdas» por el hecho de oponerse a la «derecha españolista», interpretada como herencia del franquismo. Y lo más notable es que esta cristalización se mantiene en la opinión de quienes, sin embargo, clasifican a los partidos nacionalistas más representativos (PNV y CIU) como «partidos conservadores» (para no decir «de derechas»). En este sentido es urgente la tarea de disociar semejante identificación entre españolismo y derecha, establecida por mera operación de contrafigura de la identificación ideológica previa entre izquierda y nacionalismo. Lo característico de «la derecha» es la defensa precisamente de la [72] unidad territorial («de los pueblos y tierras de España»); y, en efecto, cualquier concesión a la posibilidad de una segregación administrativa de territorios que no desearan hablar español (como la que se formula en esta primera propuesta) será considerada, por aquella derecha, como izquierdista.

Y supuesto que un referéndum de autodeterminación, celebrado allá por el año 2200 (cuando todos los habitantes del País Vasco se hubieran «impregnado» de eúskera), se inclinase por la independencia, tampoco habría por qué declarar enemigo al país independizado; por el contrario, habría múltiples fórmulas para alimentar relaciones sociales, tecnológicas, económicas o políticas, incluyendo las derivadas de una fórmula de «Estado libre asociado».

A contrario, en la medida en que los españoles consideremos al País Vasco, a Cataluña o a Galicia como «cosa nuestra», de la que no deseamos separarnos, la única política en perspectiva milenaria consistirá en fortificar por todos los medios el cultivo del español como lengua común y dejar reducidos los idiomas particulares, naturales o inventados, exclusivamente para el terreno familiar, o comercial interno. Pues lo que es significativo no es tanto que un catalán o un vasco hable catalán o vasco; lo que es significativo es que «aborrezca» hablar español como si no fuera suyo, como si fuera una lengua impuesta o postiza. Si esta actitud se generalizase (y no es necesario que ello ocurra) a todos los miembros de las respectivas autonomías, ¿qué podría importarle a España la secesión?

 


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Segunda propuesta
Transformación, mediante reforma de la Constitución, de la actual monarquía hereditaria en una República parlamentaria, y limitación del tiempo que los ciudadanos puedan dedicar «profesionalmente» a la política (incluyendo en este concepto no sólo a los cargos públicos sino también a los puestos de dirección en los partidos políticos y sindicatos).

Esta propuesta se fundamenta en dos principios de diverso rango: el primero es de carácter especial (y está subordinado a la salud futura de la Unión europea); el segundo es de carácter general (y podría actuar al margen del principio especial).

Supuesta la consolidación política de la Unión Europea, parece evidente que ella determinará un desplazamiento del papel que las Coronas han tenido a lo largo de su historia milenaria, como herederas, además, de Estados multinacionales. Sólo en el supuesto de una transformación de España en una federación de Estados nacionales, mantendría alguna función la Corona, como símbolo de esa unidad inter-nacional (de hecho, las funciones efectivas que la Corona viene desempeñando en España desde la Constitución del 78 tienen mucho que ver con esa reconstrucción, a escala peninsular, del mapamundi multinacional en el que la Corona española desempeñó un papel histórico insustituible). Ahora bien, dado que, por la primera propuesta, dejamos de lado la «hipótesis» de los «Estados Unidos Ibéricos», ¿qué podría significar la Corona española (también, mutatis mutandis, la inglesa o la holandesa...) [73] en el conjunto de las instituciones políticas europeas, fuera de una función folclórica u ornamental? En diciembre de 1995 la Cumbre Europea de Madrid aprobó el nombre de la nueva moneda de la Unión, el euro, que sustituirá en España a la peseta; se prevé sustitución definitiva para el año 2002. Pero esta nueva moneda europea ya no llevará, como la peseta, la efigie del Rey de España: el Rey será borrado, literalmente, del lugar en el que tradicionalmente tenía la presencia simbólica más genuina, a saber, la cara de la peseta.

El principio general a que me he referido tiene que ver con la naturaleza arcaica de la institución monárquica hereditaria, y con la incoherencia de la institución con los principios de la «igualdad de oportunidades». En efecto, la monarquía hereditaria implica el principio de que solamente una persona perfectamente definida, de modo funcional, dentro de la dinastía, puede ocupar la primera magistratura. ¿Qué ocurriría si este modelo se generalizase a los Jefes de Gobierno, central o autónomos, a los Presidentes de Parlamento o a otros cargos representativos? Pues no cabe duda que siempre sería posible aprobar democráticamente, en el próximo milenio, una Constitución española que estableciese la norma de sacar a los Presidentes de los Gobiernos autónomos del seno de familias vernáculas determinadas. Y esto aun cuando estas familias no tuviesen sangre noble: pongo por caso, la Constitución del año 2500, inspirada en el más acendrado populismo, podría establecer un Estado de Derecho, democráticamente consensuado, en el cual el Presidente de Extremadura hubiera de salir del seno de una determinada familia o dinastía de pastores de ovejas; el Presidente de Galicia de una determinada familia o dinastía de mariscadores. ¿Podría decirse que este procedimiento de designación, aunque hubiese sido democráticamente establecido, desde el punto de vista procedimental, mantendría el respeto debido al principio de la igualdad de oportunidades?

 


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Tercera propuesta
Plan energético nacional que tome en consideración la energía nuclear y el aprovechamiento al máximo de las posibilidades agrícolas y ganaderas de España.

La implicación de España en una red tecnológica, económica y política, europea e internacional, no debiera tomarse como premisa capaz de justificar un descuido del control del volumen de energía por debajo del cual estaríamos conducidos inexorablemente a la dependencia progresiva de toda la nación respecto de las naciones suministradoras de su entorno. Puede verse además como una aberración la política orientada a dejar yermos nuestros prados o nuestros campos, basada en el supuesto de que productos análogos o incluso mejores que los propios llegarán al mercado procedentes de Europa. En todo caso, habría que tener en cuenta que no es de «Europa» de donde vienen esos productos, sino de Francia, de Bélgica o de Alemania, es decir, de naciones competidoras en el seno de la Unión. Conviene recordar, como lo recordó Saramago, que entre las «normas de cohesión» de la Unión Europea figura una disposición destinada a obligar al sacrificio de 400.000 vacas lecheras a fin de racionalizar el [74] mercado continental y evitar la producción europea excedentaria. Pero esta norma, tomada en nombre de la Unión Europea, puede interpretarse como un modo de encubrir una realidad más positiva: que tales excedentes estorben, no ya tanto a Europa, cuanto a Holanda, a Francia o Alemania. La Unión Europea, precisamente porque tiene la unidad de una biocenosis, no se funda en la supuesta unidad armónica de un todo que estuviese por encima de sus partes, sino en la concatenación conflictiva de partes que están, por historia, «condenadas a vivir juntas» frente a terceros. Por ello, es necio, en nombre de la Unión Europea, dejarnos desarmar, dejarnos arrancar las viñas o liquidar las vacas en nombre de la Unión. La Unión Europea no tiene sustancia propia: su unidad resulta del incesante proceso de conflicto comercial o militar de sus partes formales. Por ello es absurdo lamentar, en nombre de no se qué «irracionalidad del hombre europeo», la irracionalidad de «Europa» al decidir eliminar 400.000 vacas en España, en lugar de transportarlas a Argelia, a Marruecos o a Egipto. Saramago presenta este problema en el contexto de esa «irracionalidad de Europa»; pero el sujeto de esta irracionalidad no existe como tal, por lo que la cuestión se reduce a un terreno metafísico. Desde un punto de vista positivo, la cuestión es muy precisa y su respuesta también puede ser perfectamente positiva: no es la Unión Europea, sino Holanda o Alemania --sus partes hegemónicas-- las que prefieren «amortizar» las vacas españolas a enviarlas a Argelia o a Egipto, a fin de mantener abiertos mercados a los que puedan enviar sus mantequillas o sus quesos fabricados con sus excedentes; la transferencia de esas vacas españolas cerraría tales mercados. No hay pues ninguna «irracionalidad» en la disposición sacrificadora: esta es el fruto de la «racionalidad económica de mercado» referida a un sujeto nacional (Holanda, Alemanis), no europeo.

El fundamento filosófico de esta tercera propuesta es, pues, el reconocimiento de la naturaleza competitiva de toda asociación de comunidades o subsistemas constitutivos de una biocenosis cuya realidad sólo por causas históricas, y no abstractas o formales, se diferencia de la realidad, también histórica, de las «naciones canónicas» que la componen. Y, por consiguiente. la denuncia de la ideología armonista, irenista, que confía en la espontaneidad de las tendencias solidarias de cualquier organización humana (como si la «solidaridad» no exigiese siempre la presencia de un tercero contra el cual ejercerse).

Es imposible mantener un proyecto político que no tenga aseguradas sus fuentes energéticas. Por ello es absurdo confiar únicamente, como fuentes de aprovisionamiento para el próximo milenio en la energía natural de los combustibles fósiles, de los vientos o del Sol, de los ríos o de los embalses que dependan del «caos meteorológico» --y esto sin contar las contraindicaciones que las tecnologías de aprovechamiento de muchas de estas fuentes tienen en el «efecto invernadero»--. Solamente la energía nuclear ofrece, al comienzo del milenio, las virtualidades propias de una fuente de energía prácticamente inagotable. Otra cuestión son los peligros de su utilización y, sobre todo, los que se derivan del tratamiento de los residuos radioactivos. Pero la realidad de estos peligros indudables no es razón suficiente para clausurar las [75] centrales nucleares. La investigación habrá de dirigirse en todo caso a la conjura de los peligros asociados a esta energía.

Todavía más: el control de la energía nuclear, para fines pacíficos, abre también a la España del milenio que se avecina la posibilidad de reconvertir, en un momento dado (siempre que se mantengan a punto las tecnologías de reconversión que, cada vez menos, necesitan de «explosiones experimentales») la energía nuclear pacífica hacia fines militares (defensivos, por ejemplo), propios de su «capa cortical». Se supone que (al margen de las Conferencias de Desarme nuclear) no por entrar en un milenio nuevo dejará de valer la ley según la cual únicamente los países que dispongan de energía nuclear reconvertible serán aquellos que tendrán garantías para asegurar su permanencia en el curso de las coyunturas que han de sobrevivir, sin duda ninguna, en los siglos venideros. Olvidar este punto (incluso entre los arcana Imperii) en nombre de ideas irenistas consideradas bien intencionadas, es olvidar los mecanismos efectivos que actúan en las sociedades humanas y que siguen funcionando a través de los tratados internacionales, de los ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho, y de las proclamas sobre la unidad y solidaridad entre los miembros del Género humano.

 


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Cuarta propuesta
Organización de un servicio nacional obligatorio para jóvenes de ambos sexos, con funciones sociales, militares, policiales, &c., sin posibilidad de objeciones de conciencia o de cualquier otro tipo de excepción.

Esta propuesta se fundamenta en la conveniencia de hacer participar a todo los ciudadanos jóvenes en tareas que puedan considerarse herederas del servicio militar tradicional, así como también en tareas de servicios públicos considerados «serviles», pero necesarios (muchas veces encomendados, sin perjuicio de proclamas antirracistas, a inmigrantes del tercer mundo), a efectos de contribuir a la consolidación sistemática de la «capa conjuntiva» del cuerpo social. Esto requiere, desde luego, una cuidada reorganización y sostenimiento de la institución, pero los problemas que esta reorganización implican pertenecen a otro orden de cosas. Lo decisivo es mantener el principio de la universalidad del servicio (sin incluir en todo o en parte las funciones militares, pero tampoco sin excluirlas) puesto que la universalidad es una consecuencia inmediata de su concepto. Y por este motivo, no cabe hacer excepciones fundadas en las exigencias de supuestas «conciencias subjetivas» que, sin embargo, se postulan como capaces de pertenecer a la vez al cuerpo social de referencia y al «colectivo de los objetores y de los insumisos». El concepto mismo de la objeción de conciencia implica las coordenadas más características de una metafísica espiritualista, que determinan una hipóstasis de la conciencia que damos por enteramente errónea. Sólo podría hablar de mi conciencia quien supusiera que la conciencia es algo distinto de su propia persona (buscando acaso asegurar que su persona siga siendo considerada en todo caso en la plenitud de sus derechos políticos y sociales, puesto que no es [76] ella, sino «su conciencia», la que objeta). «Es mi conciencia, no yo, como persona, la que me ofrece la objeción», como si no fuera «yo mismo» quien objeta. Por ello es contradictorio un tribunal instituido no solamente para conformar legalmente la figura de la objeción de conciencia, sino para discriminar el valor de una objeción de conciencia determinada, un tribunal a quien se le encomienda determinar, en esa conciencia, la realidad de ciertas objeciones eximentes, que podrían ser comparadas a las objeciones que un tribunal médico podría apreciar a quien alega tener los pies planos. «Yo tengo una objeción de mi conciencia del mismo modo a como otros tienen los pies planos.» Porque en el momento en el cual una objeción de conciencia es reconocida legalmente como eximente por el tribunal, este tribunal se convierte en algo similar al tribunal que juzga a quien pide exención por pies planos. Es decir, el que objeta ya no podrá alegar que se opone (heroicamente, incluso) al servicio obligatorio de los demás, sino que es él quien está eximido de esa obligación (con lo cual, de paso, resulta convertirse en censor de quien no objeta, como si él no tuviese conciencia). De otro modo, los objetores de conciencia sólo a través de una acción política (y no como objeción personal) podrían encontrar su cauce propio, con sentido político admisible.

Por otra parte, la fórmula «objeción de conciencia», además de este sentido personal o subjetivo, asociado a la interpretación del sintagma «objeción de conciencia» como genitivo subjetivo, conserva un potente significado objetivo, el que corresponde al genitivo objetivo del sintagma y que no es otro sino el que entiende la objeción de conciencia como objeción que hacemos a una conciencia subjetiva en cuanto criterio de conducta. De este modo, a la objeción subjetiva de conciencia, se le puede oponer una objeción objetiva de conciencia que (por nuestra parte) extenderíamos, en el límite, a la conciencia subjetiva, en general. Pero no haría falta llegar siquiera a este límite: supongamos que un individuo que está inmerso en el trato con extraterrestres alega, como «objeción (subjetiva, interna, íntima) de conciencia» que cada vez que dispara con su fusil, escucha, a través de su ánima, la voz de un extraterrestre ummita que le dice: «No dispares jamás con un fusil.» ¿Qué tribunal aceptaría esta objeción subjetiva de conciencia? Más bien tendría que objetar a la propia conciencia del individuo, declarándola delirante y al objetor alucinado o afectado de debilidad mental. Pero cuando un testigo de Jehová invoca, no ya la inspiración de un extraterrestre ummita, sino la de Moisés, que le dice, aunque sea en arameo, «¡no matarás!», ¿habrá que concederle más crédito que al amigo del ummita? Quien invoca a Moisés se dice que objeta desde una conciencia religiosa. ¿Quien se atrevería a decir que el amigo del ummita --aunque con frecuencia mantiene una gran distancia con Moisés-- objeta desde una conciencia filosófica? Sin embargo esta idea metafísica de conciencia actúa en muy diversos sectores de nuestra «sociedad industrial». En expresiones tan corrientes en nuestros días como la siguiente: «la contemplación de las matanzas que tienen lugar en los Balcanes han conmocionado las conciencias de los europeos», está actuando la idea metafísica de conciencia. La expresión viene a sugerir esto: que las conciencias están dadas en el interior de los [77] hombres; que una capa o coraza externa envuelve a cada una de ellas; la contemplación de los horrores perfora o agrieta esa capa de dureza y gracias a ello logra alcanzar el Sancta Sanctorum de las almas de los hombres: sus conciencias se conmocionan. ¡Qué efecto tan sublime! Pero nada de esto es preciso suponer: las conciencias son ortogramas funcionando según normas que se enfrentan con otras normas diferentes, y la «conciencia» brota en ese salto diferencial. No hay conmoción ninguna de las conciencias absolutas; la conmoción comienza cuando las normas «a la vista» son reconocidas como peligrosas pero sólo (y ya es bastante) porque intuyen su capacidad para disolver nuestros propios ortogramas.

Recapitulando: el fundamento de esta cuarta propuesta no es otro sino la tesis materialista sobre la conciencia subjetiva. No es posible admitir la alegación del «principio de tolerancia» ante «opiniones religiosas o filosóficas» de los ciudadanos, cuando esa alegación conduce a reconocer como válidas las opiniones de nuestro amigo de los ummitas o de nuestro testigo de Jehová. La conciencia no es un «fuero interno», soberano, respetable, en virtud de su subjetividad originaria: es, por de pronto, el resultado de un moldeamiento social que es el que «construye» la propia subjetividad a través precisamente de la responsabilidad atribuida a los individuos (a la manera como el Dios de Bañez «construye» la libertad individual mediante la premoción física de los propios actos libres, determinados precisamente en cuanto libres). Por consiguiente, una conciencia subjetiva, puramente psicológica, carece de toda fuerza ética o moral para salir al paso del funcionamiento de un servicio nacional obligatorio como el formulado en esta cuarta propuesta.

 


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Quinta propuesta
Implantación de la eutanasia para asesinos convictos y confesos de crímenes horrendos.

Esta propuesta está fundada en el principio estrictamente ético de la generosidad. Por ello, no puede confundirse con lo que sería un mero cambio de nombre de la institución tradicional de la pena de muerte, implantada todavía hoy en 88 de los Estados miembros de la ONU. No es suficiente justificar esta confusión con el argumento de que «de hecho» lo que se propone es «acabar con la vida» del criminal; pues este «hecho» es sólo un punto de intersección o de semejanza abstracta entre dos procesos muy diferentes, que no por ello sería legítimo confundir; de la misma manera a como tampoco sería legítimo confundir, amparados en el «hecho» que consiste en la semejanza entre la ceremonia de romper el pecho de un hombre, para arrancarle el corazón con la mano, ayudada de algún instrumento, oficiada por el sacerdote azteca que, en la plataforma de la pirámide, se vale de su tumi para extraer el corazón de la víctima y devorarlo, tras ofrecérselo a Huichilipotchli, y la ceremonia del cirujano «occidental» que, en su quirófano, se vale del bisturí para extraer el corazón del enfermo y sustituirlo por otro.

Hay que comenzar por denunciar el carácter confuso y oscuro del concepto mismo de «pena de muerte». Si este concepto conserva algún significado es en el supuesto [78] de que se acepte la supervivencia del alma del ajusticiado, puesto que entonces podría afirmarse, efectivamente, que el sujeto (el alma del «compuesto hilemórfico») sufre la pena de perder el cuerpo (una suerte de «pena de mutilación», pero no de muerte total). Pero solamente los animistas podrían apelar al argumento del «alma en pena» para dar un contenido, al menos intencional, a la «pena de muerte». Ahora bien, si dejamos de lado el animismo, el concepto mismo de pena de muerte se nos revela como un absurdo. Si la muerte penal se asocia a la destrucción del sujeto que recibe la pena, ¿cómo podríamos hablar de una pena que determina la desaparición del sujeto penado que debiera recibirla? La pena de muerte será pena, a lo sumo, para los familiares o amigos del difunto.

Sólo cuando la pena se aplica manteniendo la existencia del penado puede considerarse como pena. Y esto cualquiera que sea la justificación teórica que se aduzca para aplicarla. Descartada, por motivos éticos, la idea de la pena como venganza; descartada la justificación de la pena en función de la intimidación de otros posibles delincuentes (puesto que ello no está probado), a fin de defender a la sociedad de un peligro cierto, habrá que tener en cuenta, sobre todo, el principio de la subordinación de la pena a la rehabilitación del delincuente, a fin de reinsertar a éste en la sociedad y en el intervalo de tiempo más breve posible. Ahora bien: desde este fundamento perderá toda justificación el intento de encontrar una «compensación penal» al crimen horrendo, mediante la exigencia del cumplimiento de la totalidad de las penas (exigencia que sólo podría fundarse en la venganza, salvo suponer que el criminal es irrecuperable). Porque propiamente, desde la hipótesis de la prisión rehabilitadora (hipótesis que se funda en la equiparación del delincuente con un enfermo y, correspondientemente, de la cárcel con un hospital) lo que habría que pedir no sería tanto «el cumplimiento íntegro de la condena» ni la reclusión vitalicia del enfermo en el hospital, sino precisamente la utilización de las técnicas más avanzadas para la recuperación del delincuente, para la curación del enfermo en el intervalo de tiempo más corto posible. De este modo tendríamos que concluir que la conducta más «civilizada» que habría que seguir ante, pongamos por caso, un asesino convicto y confeso de haber matado a cinco mujeres y a dos ancianos, sería la del «tratamiento de choque» (por médicos, psiquiatras, psicólogos o moralistas) que pudiera conducir a su arrepentimiento en el intervalo más breve posible, un par de semanas mejor que cuatro. Una vez curado, rehabilitado, podría nuestro asesino ser puesto en libertad y reinsertado en la sociedad. Ahora bien: el absurdo práctico de este modo de plantear la cuestión obligaría, por sí solo, a retirar las premisas que le dieron origen, a saber, que el criminal es simplemente un enfermo y que la cárcel es simplemente un centro de rehabilitación, una escuela o un hospital.

Ahora bien, cuando consideramos al asesino como persona responsable, la «interrupción de su vida», como operación consecutiva al juicio, puede apoyarse en el principio ético de la generosidad, interpretando tal operación no como pena de muerte, sino como un acto de generosidad de la sociedad para con el criminal convicto y confeso. En efecto, el autor considerado responsable de crímenes horrendos, o bien [79] tiene conciencia de su maldad, o bien no la tiene en absoluto, e incluso, como si fuera un imbécil moral, se siente orgulloso de ella. En el supuesto de que fuese un imbécil moral sería necesario conseguir, mediante un tratamiento pedagógico adecuado, que el criminal alcanzase la conciencia plena de su culpa, y cuando la hubiera adquirido habría que aplicarle el mismo principio que utilizamos ante el criminal ya consciente de su culpa: que, por hipótesis, la conciencia de una culpa tan enorme habrá de significar una carga tan insoportable para el actor que el hecho de mantener en la vida al criminal (impidiéndole incluso el suicidio) constituirá la forma de venganza más refinada. Sólo mediante una «muerte dulce» podríamos aliviar al criminal de la carga de su culpa. Por supuesto, descartamos la aplicación a nuestro caso de la hipótesis de la rehabilitación: suponemos que el crimen horrendo compromete de tal modo la «identidad» del criminal --en gran medida por la representación que de ella tendrán también las demás personas-- que su culpa no pueda ser expiada. No le aplicaremos la eutanasia, por tanto, por motivos de ejemplaridad («para que el crimen no se repita», que es la fórmula que utilizan mecánicamente, una y otra vez, muchos familiares de los que han sido asesinados por grupos terroristas o delincuentes comunes, haciendo de menos al asesinato recién cometido), sino por motivos de su propia personalidad responsable, una e irrepetible.

Por otra parte nuestra propuesta de eutanasia procesal no la presentamos como un descubrimiento inaudito: podrían reinterpretarse desde su perspectiva algunas fórmulas estoicas así como también pensamientos procedentes de otras tradiciones.

En el supuesto alternativo de que el criminal imbécil moral fuese resistente a todo género de recuperación de la conciencia de su culpa habría que sacar las consecuencias, destituyéndole de su condición de persona. Las consecuencias de esta situación cualquiera puede extraerlas con el simple recurso de las reglas de la lógica.

 


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Sexta propuesta
Rebaja de las cuantías escandalosas de los premios de loterías, quinielas, sorteos, premios literarios y afines hasta niveles proporcionados a los salarios mínimos.

No por ser puntual esta sexta propuesta deja de estar concebida como una propuestas transcendental (en el sentido positivo que damos a este término). Tampoco la presencia anatómica, relativamente puntual, de la hipófisis en el conjunto de nuestro organismo, significa que este órgano tenga un rango inferior en su economía al del sistema vascular extendido por todo el cuerpo. [80]

España, en los finales del milenio, tiene entre otras características que la distingue del resto de los países de la Unión Europea, las dos siguientes: la mayor tasa de población desempleada (y aun una de las mayores poblaciones de desempleados en términos absolutos) y la mayor tasa de gasto del público en loterías y juegos de azar. En efecto, el interés por la lotería o afines es tan enfermizo como escandalosos son el número y cuantía de los premios: lotería nacional (sorteos ordinarios, semanales, trimestrales, extraordinarios), bonoloto, cupón de la ONCE, premios al azar ofrecidos por bancos, concursos millonarios promovidos por firmas comerciales, quinielas de fútbol, bingos, máquinas tragaperras... No es fácil explicar el origen de este delirio nacional, pero sí me parece posible advertir que, por sus efectos corruptores, la pasión por los juegos de azar, alimentada por los premios desmesurados, son comparables a los efectos corruptores que en la Europa moderna se atribuyen a alguna de las formas más fanáticas del calvinismo, pero sin las ventajas que esta religiosidad pudo tener como ideología del capitalismo naciente (tanto se interprete el calvinismo como «efecto de este capitalismo», al modo de F. Engels, o bien como «causa», al modo de M. Weber). Ruiz Zorrilla, ministro de la Restauración, decía hace ya más de un siglo: «Los españoles se dividen en dos clases, los católicos y los ateos; los primeros lo confían todo en Dios, los segundos en la lotería.» Añadiría, por mi parte, al diagnóstico del ilustre masón que los católicos de referencia son los católicos romanos, que se confían a un Dios romano, «racional», que se rige por la lógica del do ut des, y que, por tanto, exige obras de los hombres, y no solo fe; pero los ateos de Ruiz Zorrilla, los que confían todo a la lotería o al azar, se comportan del mismo modo a como se comportaban los calvinistas europeos cuando confiaban todo a un Dios atrabiliario, voluntarista, cuya lógica es distinta de la lógica de los hombres, porque no tiene en cuenta las obras de quienes van a recibir su Gracia. Antes bien, reparte esta Gracia ateniéndose a una lógica inescrutable que, vista desde la Tierra, equivale a la «lógica del azar», a la lotería. Ocurre, por tanto, como si el Dios de Calvino, que no pudo entrar en España en su tiempo porque el campo «estaba ocupado» por el Dios romano, estuviese entrando y reinando en la España de nuestro tiempo bajo la forma de un bombo de lotería. Casi todos los años, en los informes televisados sobre los agraciados con el Premio Gordo, podemos ver escenas que nos avergüenzan por su necia ingenuidad, escenas en las que una mujer del pueblo, exhibiendo un billete que vale veinte millones, exclama entre sollozos: «¡Dios existe, por fin me ha dado lo que me merecía!» (en esta expresión, tomada de la realidad, queda sin embargo un residuo católico en lo que concierne a los merecimientos). También se escucha la frase (blasfema, desde el punto de vista de la teología católica): «¡Que Dios reparta suerte!», pronunciada de vez en cuando por algún locutor en vísperas de grandes sorteos o por algún cronista deportivo que anuncia los partidos de futbol del domingo de cuyos resultados dependen los de las quinielas. Y no deja de producir asombro el observar la ocurrencia de algunas empresas publicitarias, que a buen seguro no han leido mucho de Calvino, de envolver en música religiosa los anuncios radiofónicos del próximo sorteo de alguna lotería importante. [81]

La distribución aleatoria, por continua y sistemáticamente llevada a cabo por múltiples instituciones, públicas o privadas, de inmensas cantidades de dinero no puede menos de producir, como efecto inmediato, una acción corruptora de transcendencia universal. Los simples trabajadores --siendo como lo son privilegiados por relación a los desempleados (que teóricamente no podrían siquiera comprar un billete de lotería)-- que sabiendo cómo en toda su vida de trabajo no les será posible acumular la centésima parte del dinero que necesitarían para comprar un modesto apartamento, contemplan sin embargo cómo su vecino «experimenta» inesperadamente un cambio de posición debido al mecanismo más irracional que pueda ser pensado racionalmente, el mecanismo del azar, la razón de la sinrazón. Porque la irracionalidad de este mecanismo no queda atenuada por la circunstancia de que su institución sea el resultado de un «consenso democrático». De este modo, el sentido de las proporciones se irá borrando, y la legitimación de la injusticia y la desigualdad se hará cada vez más patente, puesto que es esta desigualdad precisamente la que es instituida democráticamente. En el fondo, la corrupción prevaricadora del funcionario o del político que recibe comisiones millonarias o la exacción que los atracadores hacen a un banco, sólo por su «forma legal» o por sus implicaciones personales son diferenciables de los mecanismos de la lotería. Incluso cabría sospechar si la corrupción social implicada en el atraco a un banco es menos indeseable, desde el punto de vista de la salud pública, que la corrupción aleatoria: a fin de cuentas, en todos los casos, se trata de una «puesta en marcha» de mecanismos de distribución irregular de una riqueza que no ha llovido del cielo, sino que ha brotado de la explotación de los trabajadores. Pero son estos quienes, mirando al bombo de la lotería, se convertirán a un «estado de esperanza» permanente, que actúa como fuente principal de un atontamiento progresivo que distrae de otros objetivos más serios, incluyendo entre estos los objetivos propios de una política revolucionaria. También habrá que tener en cuenta la contribución de la lotería a reafirmar el desprecio por el trabajo ordinario. No pretendo insinuar con esto que, «por tanto», la supresión de las loterías determinará la reavivación de la «conciencia revolucionaria»; el sentido de mis consideraciones va por otro lado, el de utilizar a la institución masiva de las loterías en una sociedad política como signo inequívoco de que ningún movimiento revolucionario va a tener lugar en esa sociedad, como síntoma de que la «voluntad de transformación» de esa sociedad, por mucho que sea proclamada a través de manifestaciones reivindicativas, espectáculos o huelgas generales, tiene un porcentaje muy fuerte de retórica, de mera expresión de un «ideal del yo». Porque puede ocurrir que los trabajadores, sin perjuicio de marchar vociferando por la tarde tras las pancartas reivindicativas de la Justicia y de la Igualdad, levantadas por los grandes sindicatos, UGT o CCOO, hayan jugado por la mañana a las quinielas, a la primitiva o, simplemente, al cupón de los ciegos, que guardarán cuidadosamente en su bolsillo mientras piden la igualdad y la solidaridad: su razonamiento parece ser similar al de aquel diputado de la Segunda República: «Tengo esperanza en los proyectos que van a votarse porque con lo que me toque de la reforma agraria y con la finca que tengo en Extremadura...» [82]

Mi propuesta sexta, sin embargo, tiene en cuenta las dificultades psicológicas que la abolición abrupta del sistema de premios de azar podría encontrar en la población jugadora o concursante, entre otras cosas porque esa abolición implicaría un bloqueo de las «válvulas de la esperanza» que pueden ser útiles en la gobernación de un pueblo. La propuesta sexta sugiere sólo una «racionalización de la sinrazón», mediante el procedimiento paliativo de la rebaja progresiva de los «picos» más agresivos de esas curvas de la sinrazón aleatoria, tomando como referencia el salario mínimo. No es lo mismo, a efectos de no poner en peligro el sentido de la «fidelidad a la Tierra», «ser agraciado» con el equivalente de una mensualidad, incluso con el equivalente de los ingresos de un año de salarios mínimos, que recibir como premio, en esta Tierra, la misma Gloria celestial, la Gracia santificante expresada en la forma de un bote acumulativo de quinielas de setecientos millones de pesetas.

 


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Séptima propuesta
Política orientada a conseguir, como mínimo, un uno por ciento de lectores de libros escritos en español, sobre temática científica o filosófica.

Esta propuesta es el resultado de una aplicación del método del «canon revertido» a un asunto tan decisivo para la salud pública de una sociedad democrática como es la formación del juicio racional de los ciudadanos.

Aun poniendo entre paréntesis la cuestión de los motivos (que no podemos considerar en esta ocasión) sería posible, sin embargo, constatar la tendencia general de nuestra democracia a rebajar el nivel del juicio de los ciudadanos hasta un punto tal en el que «el pueblo» parece tomar la forma del «vulgo». Lo paradójico es que este descenso de nivel tiene lugar en nombre del incremento de la «personalidad» de los ciudadanos, de su «independencia de juicio personal» derivada del derecho democrático de cada uno a mantener y expresar la propia opinión y del deber democrático correlativo de los demás de respetar las opiniones de los otros (aunque estas opiniones tengan como contenido el «testimonio evidente de un contacto con los ummitas» o la «evidencia» de las lágrimas de sangre que han fluido de los ojos de una virgen representada en un libro). La caótica pululación de opiniones «personales» actúan en forma de ruido que logra reducir al silencio a quienes pudieran hacer oir juicios responsables. Porque estos juicios, formulados aunque fugazmente en un medio de comunicación de masas, quedarán inmediatamente neutralizados y anegados por el flujo incesante y caótico, «entrópico», de las opiniones contrapuestas, heterogéneas y emitidas con el mismo rango en virtud del derecho que asiste al opinante a manifestar «su pensamiento» y del deber de los demás de respetarlo.

Esta situación de «democracia vulgar» favorece la posibilidad de que ciertas élites puedan llegar a controlar los medios de comunicación de masas, dirigiendo y formando a su servicio la opinión pública o, al menos, canalizándola a través de fórmulas simplificadas, degradadas e interesadas en beneficio propio. Esta canalización tiene lugar principalmente (en una sociedad de tradición católica, es decir, auditiva) a [83] través de la radio o de la televisión. Hay, es cierto, un gran sector lector del público; pero el contenido de sus lecturas se circunscribe a lo que solemos hoy denominar como «narrativa» (en terminología tradicional: novelas y cuentos).

Ahora bien, como canon del nivel óptimo que podrían alcanzar los juicios de los ciudadanos de una democracia real, ponemos la posesión de los conceptos indispensables para formar, no ya tanto opiniones, cuanto teorías críticas o, si se quiere, «opiniones sistematizadas». No existe, en el fin del Milenio, otro camino para aproximarse a este canon que el camino de la lectura de «prosa científica y filosófica» que suministre instrumentos al efecto. El límite canónico de la democracia real (que, en realidad, es el que está inspirando las leyes de educación media obligatoria) contiene también ese ideal de «consumo universal de prosa científica y filosófica». Pero este límite canónico es inalcanzable en muchos años (por no decir en siglos, o nunca jamás). Y esto es lo que aconseja, no tanto a prescindir del canon, cuanto de revertirlo al estado real, segregando las consecuencias posibles de esta reversión.

La que se contiene en esta séptima propuesta reduce a un uno por ciento de los ciudadanos el radio mínimo de influjo efectivo del canon. La reducción está fundada en el cálculo de que a este uno por ciento de lectores correspondería, en la España del presente, una población dispersa (por tanto, no elitista) de unos 250.000 lectores (no todo el 1% de la población está en disposición de leer). Una población que constituirá una suerte de «tribunal popular disperso» capaz, por lo menos, de resistir el oleaje caótico de las opiniones ignaras, y de formar el núcleo de una opinión pública responsable.

Este minimum estaría llamado a desempeñar la función de un nuevo «órgano de ilustración» en el conjunto de nuestro cuerpo social. Un órgano que, entre otras cosas, permitiría la emancipación de los escritores de la dependencia de las instituciones que patrocinan habitualmente sus trabajos o la edición de sus obras, a cambio de aplicar los filtros correspondientes o de imponer directrices propias de forma más o menos explícita.

 


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Octava propuesta
Eliminación paulatina del concepto de «actividades culturales» (y, correspondientemente, eliminación de rótulos tales como «páginas culturales», «animadores culturales», «Ministerios de Cultura», «Consejerías de Cultura» o «Fundaciones de Cultura») y sustitución por los conceptos o rótulos más precisos pertinentes («Consejería de Música Sinfónica», «Páginas literarias» o «Dirección General de Teatro de títeres»).

Esta propuesta tiene conexiones muy estrechas con las precedentes (sobre todo, con la primera y con la séptima) y se fundamenta en una teoría sobre el carácter ideológico, y aun metafísico, de la Idea de «Cultura objetiva» --que, según la teoría, no sería sino una secularización de la Idea teológica medieval del «Reino de la Gracia»-- [84] que en esta ocasión es imposible exponer. De hecho, en nuestros días, las Idea de «cultura» ha terminado convirtiéndose en un rótulo destinado, en primer lugar, a justificar, bajo su prestigio, a cualquier tipo de producción estética, literaria o folklórica, a confundir, como si fueran partes de organismos autónomos a los conglomerados constituidos por los contenidos más heterogéneos, bajo la denominación de cultura «étnica» o nacional; y, en segundo lugar, a confundir (es decir, a no diferenciar, por nivelación «relativista») a todas las «culturas» (tribales, nacionales, populares...) previamente conglomeradas como realidades dotadas todas ellas del mismo valor («todas las culturas son iguales», dice un gran letrero situado en el vestíbulo del Museo de Antropología de Méjico). En particular, en España, los movimientos autonomistas o independentistas se cobijan bajo la bandera de la «Cultura» (cultura catalana, cultura vasca, cultura gallega, cultura asturiana...).

La idea de «Cultura objetiva», según esto, en cuanto contribuye a mantener la confusión más completa en el terreno de la política, de la economía, de la religión, del arte, de la ciencia, &c. (el «Ministerio de Cultura», si se atuviese a la idea que lo inspiró, debiera reabsorber en su recinto a los Ministerios de Educación y Ciencia, pero también al Ministerio de Industria, del Ejército, al de Agri-cultura...) podría considerarse como una idea oscurantista, cuya vigencia constituye un estorbo permanente para el más claro planteamiento de los problemas del presente. Es obvio, por tanto, que nuestra propuesta de supresión del Ministerio de Cultura la entendemos en su alcance más universal, y no la entendemos al modo de algunos grupos políticos autonómicos (supresión del Ministerio de Cultura de España con objeto de sustituirlo por el Ministerio de Cultura de Cataluña, por el Ministerio de Cultura del País Vasco, del País Valenciano, &c.).

Sin embargo, y en función del carácter ideológico que atribuimos a esta idea, no nos hacemos ilusiones acerca de los efectos inmediatos que la crítica a la Idea de Cultura pudiera tener sobre los intereses acogidos a ella. Mucho menos presentamos esta octava propuesta a modo de una «cruzada» que fuera urgente emprender; más cerca se encuentra esta propuesta de una inspiración «naturalista» que juzgase estar en disposición de diagnosticar algo así como lo siguiente: las sociedades del siglo XX y, en particular, las sociedades y comunidades políticas españolas, organizan sus instituciones orientándose sobre mapas imaginarios en los que figuran líneas borrosas que dibujan palabras tales como «conciencia», «Estado de derecho», «libertad» o «cultura». Por consiguiente esta propuesta habrá que entenderla condicionalmente: «el programa de eliminación paulatina del concepto de actividades culturales, &c., habría de ser mantenido hasta tanto subsistan las instituciones ideológicas interesadas que han transformado a la idea de cultura en una idea-fuerza.» Y, por tanto, que en la medida en que la propuesta octava siga vigente --es decir, en tanto la idea de cultura siga manteniendo el prestigio del que actualmente goza-- podremos asegurar que [85] la mas completa oscuridad y confusión seguirá ensombreciendo los terrenos de los programas políticos, lingüísticos, tecnológicos o incluso religiosos. Nuestra octava propuesta, en resolución, no tiene tanto las pretensiones de abrir una vía previa para poder poner en ejecución las restantes propuestas, cuanto la pretensión de aportar un criterio capaz de determinar hasta qué punto las otras propuestas habrán de permanecer incumplidas.

 


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Novena propuesta
Eliminación del concepto de «tercera edad, como edad del merecido descanso», y asignación a los pensionistas no impedidos de tareas obligatorias de interés asistencial, educativo o social.

Esta novena propuesta, pese a su aspecto aparentemente particular, incluso «puntual», ha sido escogida por las posibilidades «catárticas» que ella podría tener en tanto que, a través de ella, podremos introducirnos en las entrañas más repugnantes (por oscuras, contradictorias, falsas) de la ideología de nuestro sistema social.

El concepto de «tercera edad» tiene un alcance que transciende, de hecho, el plano individual (biográfico) puesto que propiamente se configura en un espacio social, el espacio creado en la sociedad del presente en la cual los trabajadores que han sido jubilados, juntamente con otros que han dejado de computarse en la rúbrica de «cotizantes de la Seguridad Social», pasan a ser incluidos en una «clase global» de desocupados que se parece (sobre todo cuando a esta clase se han ido agregando los prejubilados procedentes de reconversiones y ajustes laborales) al concepto de la «clase ociosa», de los rentistas ociosos o consumidores puros, cuyo estatuto no está socialmente definido (el concepto de «clase ociosa» de Veblen, como clase aristocrática, se dibujó en otros contextos históricos). Y esto ocurre sobre todo a partir del momento en el cual las familias nucleares o incluso las parejas sin hijos no están en condiciones de ofrecer una inserción funcional a sus padres. No cabe, por tanto, admitir siquiera, como figura objetiva de nuestro sistema económico, el concepto de jubilado o prejubilado (y, por tanto, la clase o «colectivo» de jubilados). Porque jubilado es un concepto biográfico que encubre la realidad estructural del colectivo correspondiente, a saber, la realidad de una clase de rentistas o pensionistas (por modestas que sean las pensiones) subvencionados por el llamado, ad hoc, Estado del bienestar, o, si se prefiere, por su propio ahorro gestionado por empresas privadas o públicas. En cualquier caso, se trata de un colectivo de consumidores no productores, cuyos miembros, a diferencia de los que forman parte del otro gran colectivo social improductivo (el de los menores de edad), tienen, sin embargo, derecho al voto democrático. De este modo se ha ido delimitando el concepto de una clase consumidora pura que puede ser aprovechada, por tanto, como clientela potencial de empresas múltiples (turísticas, hospitalarias o residenciales) y cuya indefinición se justifica ideológicamente más cerca del concepto de «clase ociosa», si bien según un ocio conseguido a título de «merecido descanso». Pero la adulación de los políticos que buscan electores, o la de las empresas que buscan consumidores, no puede ocultar la condición funcional a la que esta clase [86] está reducida, a saber, la condición de clase improductiva o parásita, de una clase ociosa democrática.

Ahora bien, la peligrosidad de esta clase para el futuro milenio deriva de la circunstancia de su probable e imparable incremento, en cuanto a su cantidad, y de los desequilibrios que en las pirámides de la población pueden determinar tales incrementos. Hay que contar incluso con la probabilidad de una política de gerontocidio que se insinúa en el presente de vez en cuando.

La propuesta busca disipar, en este caso, no sólo un concepto ideológico de «clase ociosa» (como era el caso de nuestra propuesta octava) sino la clase efectiva misma, y ello de la única manera positiva posible: asignándole tareas «no competitivas» con la población laboral, si esto fuera posible, para evitar su situación objetiva de clase parasitaria.

 


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Décima propuesta
Eliminación del concepto de «colectivo de desempleados» y asignación a los parados y población ociosa, mediante retribución, de tareas de interés público.

Esta propuesta parte del hecho de que el ideal del pleno empleo es incompatible con la estructura de la sociedad capitalista y que el remedio de «repartir trabajo» sin bajar los salarios es ininteligible. En consecuencia, el «colectivo de desempleados» en un sistema capitalista ha de considerarse como un mal crónico. Un mal que ha llegado a convertir a los trabajadores efectivos en privilegiados y a sus sindicatos en organizaciones públicas que tienden incluso a heredar ciertas querencias «verticalistas», orientadas a transformar a sus miembros en una suerte de funcionarios públicos.

Es absurdo ignorar este colectivo creciente o acordarse de él para convertirlo en un colectivo parasitario mediante el expediente de una pensión de paro. Este expediente invitaría a refundir este colectivo de desempleados, junto con el colectivo de la tercera edad al que se refería nuestra propuesta anterior. Constituiríamos así un colectivo más amplio, el «colectivo de los consumidores puros con derecho a voto», enfrentado al colectivo de los «trabajadores»; un colectivo que podría interpretarse, al modo de Friedman, como fuente de demanda efectiva, merced al fondo destinado por el Estado del bienestar a hacer posible el consumo, a fin de que pueda seguir funcionando la economía de mercado.

Sólo retribuyendo al colectivo de desempleados, pero, a la vez, ofreciéndole la posibilidad de llevar a cabo tareas reales y no ficticias, podría salirse al paso del más grave problema estructural que las sociedades capitalistas tienen sin duda planteado. Otra cosa es que una sociedad capitalista, por mucha voluntad que tenga de mantener el proyecto de su llamado «Estado del bienestar» (decimos «llamado» teniendo en cuenta la ironía de la denominación en una sociedad con el 20% de desempleados sin pensión), pueda conciliar estas exigencias: proporcionar ocupación efectiva, no ficticia, y evitar que tal ocupación determine el desplazamiento de otros empleados en su «puesto de trabajo» (con lo que la solución de cada problema implicaría la reproducción de un problema similar y generalmente más grave). [87]

 


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Final

Las diez propuestas ofrecidas no tienen una intención revolucionaria, en el sentido ordinario de este término. Sin embargo estas propuestas están formuladas en el ámbito de un sistema de ideas políticas que tampoco descarta la necesidad, supuestas dadas las condiciones adecuadas, de desencadenar un proceso revolucionario en el sentido más tradicional. En cualquier caso, las propuestas que hemos presentado y defendido han sido formuladas con la intención expresa de mantenerse en situación de relativa independencia respecto de los programas de los partidos políticos del arco parlamentario español, ya sean estos partidos de izquierda, ya sean de derecha o de centro.

La «independencia» que hemos procurado mantener no significa tampoco la defensa de la posibilidad de actuar al margen de todos los partidos políticos; se trata de una independencia sinecoide que se establece ante la serie de propuestas y cada uno de los partidos políticos por separado, pero no del conjunto de todos ellos. Y esto es tanto como decir que los diferentes partidos políticos de izquierda, de derecha o de centro, podrían, en principio «traducir» nuestras propuestas a sus respectivos programas. Pero esta operación no ofrece la garantía de que las diversas traducciones sean concordantes entre sí, ni siquiera en el plano concreto de la práctica política real.

Oviedo, diciembre 1995


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{Gustavo Bueno (1924-), «Diez propuestas, 'desde la parte de España', para el próximo Milenio» (1995). La paginación [señalada entre corchetes] corresponde a la edición publicada en papel por la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, en el libro 50 propuestas para el próximo milenio, Oviedo 1997, 173 páginas (Depósito legal: AS-760/97, ISBN 84-88951-35-3), el texto de Bueno de las páginas 47 a 93, incluyendo la presentación de José María Fernández, fotografías y la transcripción del coloquio, que aquí no figuran. (Corresponde a Los Encuentros celebrados los días 13 y 14 de diciembre de 1995, en los que además presentaron sus diez propuestas Gabriel Albiac, Antonio Escohotado, Luis Racionero y José Saramago.)}


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